Un mes después de haber iniciado las medidas de distanciamiento social en México, a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, las llamadas y mensajes por violencia de género a la Red Nacional de Refugios (2020) aumentaron 80%, y de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Gobernación la violencia de género pudo haber incrementado entre 30% y 100% (Ortiz-b, 2020), lo cual representa un pronóstico alarmante. La manera en cómo las instituciones y organizaciones gubernamentales actúen y respondan a esta problemática tendrá una enorme importancia no sólo ahora sino también a largo plazo.
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Autora: Berenice Fernández Nieto. Edición: Ivette Yáñez Soria, María Antonia Bravo.
“La paz no es sólo la ausencia de guerra. Muchas mujeres encerradas, en confinamiento por el COVID-19 sufren violencia donde deberían estar más seguras: en sus hogares”, señaló el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante las severas consecuencias que las medidas impuestas para controlar el COVID-19 infligen a millones de mujeres en todo el mundo (UN news, 2020). De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016, 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial había experimentado violencia de pareja íntima (IPV, por sus siglas en inglés) y/o violencia sexual, lo que deviene en consecuencias dañinas y de largo plazo en la salud física y psicológica de las mujeres (WHO, n.d.).
A pesar del progreso experimentado a nivel global, América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo, y la violencia contra las Mujeres (VcM) sigue alcanzando niveles alarmantes, lo que constituye una amenaza constante en contra de la población femenina en la región. En México, con una población de más de 120 millones de personas, se estima que la actual pandemia de COVID-19 impactará de forma transversal una serie de problemáticas sociales, de las cuales la violencia de género es una de las más preocupantes, pues se estima que incremente 92% durante el periodo de cuarentena (Nava, 2020). Por ello, es urgente evaluar el riesgo que representa el aumento potencial de violencia de género, especialmente el riesgo que enfrentan las mujeres que pasarán largos periodos de aislamiento y confinamiento a lado de sus agresores. De igual forma, es esencial evaluar las medidas implementadas por el gobierno federal para combatir esta problemática y determinar hasta qué punto están protegiendo de forma efectiva a las mujeres y si están disminuyendo la violencia de género.
La emergencia por COVID-19 está profundizando y exacerbando las brechas de género y las desigualdades ya existentes, además de incrementar el riesgo de sufrir violencia de millones de mujeres en México. Este artículo aborda las limitaciones de las medidas adoptadas para brindar seguridad a víctimas de violencia de género, el papel de los datos para mitigar esta situación, y finalmente emite una serie de recomendaciones y potenciales acciones orientadas a proteger a las mujeres durante la crisis actual.
Violencia contra las mujeres en América Latina
América Latina es considerada la región más violenta de todo el mundo, esto se debe en gran medida a la prevaleciente cultura patriarcal que gobierna todas las costumbres y prácticas de la vida diaria, conduciendo a la naturalización de la violencia en contra de las mujeres, la producción de estereotipos, y la perpertuación y reproducción de la discriminación (Moreno y Pardo, 2018). De acuerdo con un estudio publicado en 2016, en la región se ubican 14 de los 25 países con los niveles más altos de feminicidios (Small arms survey, 2016).
El abuso emocional, como los insultos, la humillación y las amenazas, son también un fenómeno extendido en países de América Latina. De hecho, una gran cantidad de mujeres han reportado que su última o actual pareja utilizó tres o más comportamientos de control, incluyendo aislarlas de sus familias y/o amigos, insistir en conocer su ubicación en todo momento y limitar su contacto con familia y/o amigos (Bott, et al. 2012).
Sin embargo, los datos continúan siendo limitados, lo que enfatiza aún más la necesidad de visibilizar lo que muchos denominan hoy en día “la pandemia sombra” (shadow pandemic). Paralelamente, surge también la urgencia por examinar las dimensiones que la violencia doméstica puede tomar en el contexto de confinamiento por COVID-19. Para ello, es esencial contar con los datos apropiados, con el fin de que su análisis permita a las autoridades y organizaciones tomar decisiones basadas en evidencia e identificar, de forma efectiva, los sectores de la población que se encuentran en mayor riesgo.
Violencia doméstica en México
En México, gran parte de las muertes violentas de mujeres son feminicidios –asesinatos donde las víctimas son atacadas por la condición social de su género. Esta terrible tendencia está en aumento: de siete asesinatos violentos de mujeres al día hace dos años, actualmente se registran 10, de acuerdo con la Oficina de ONU Mujeres en México (Villegas and Malkin, 2019). Esto datos se refieren únicamente al tipo de violencia de género más grave; sin embargo, otras dimensiones de este fenómeno también están altamente presentes en el país (ej. Violencia laboral, escolar, institucional y estructural), entre las cuales una de las más preocupantes es la violencia doméstica.
Una encuesta realizada por el INEGI (oficina nacional de estadística en México) en 2016, reveló que 6 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en algún punto de sus vidas; de este segmento, casi la mitad (43.9%) fueron agredidas por sus esposos o parejas (El Universal, 2019). En esta categoría también se encuentran víctimas de violencia física y/o sexual, así como sobrevivientes de violencia física severa y daño emocional, entre cuyas características y consecuencias se encuentran cortadas, quemaduras, pérdida de piezas dentales, hemorragias, crisis nerviosas, angustia, miedo, tristeza, sufrimiento emocional, depresión e insomnio (Migueles, 2018).
De los 32 estados que conforman la república mexicana, los que presentan niveles más altos de violencia doméstica son: Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Jalisco y Querétaro. De manera general, 10 estados se encuentran arriba del promedio nacional, que es 66% de prevalencia de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) (Migueles, 2018).
Marco Legal
A nivel internacional y regional, México forma parte de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM) (1979); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (1994); la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).
A nivel nacional, el marco legal establece la necesidad de erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, objetivo que se materializa en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (2007); la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2009), y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014–2018 (INEGI, 2020).
Pese a la existencia de este marco legal, la actual emergencia sanitaria, como se analiza más adelante, está mostrando las debilidades del sistema de procuración de justicia y protección a la mujer.
La Red Nacional de Refugios
En México, una de las herramientas más importantes para la protección de las mujeres contra la violencia es la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de de violencia doméstica. El objetivo de estos centros es impulsar en la agenda política la eliminación de la VcM, así como capacitar a los profesionales que laboran en dichos espacios. La ubicación de los refugios es confidencial con el fin de evitar agresiones potenciales y cualquier riesgo para las mujeres, así como promover su autonomía dentro de una cultura de atención integral. Quienes solicitan refugio, pueden permanecer ahí hasta por tres meses (Mancera, 2015).
El establecimiento de estos centros comenzó en los años 90, surgió como una iniciativa de la sociedad civil organizada, y representa también la victoria del movimiento de mujeres, el cual colocó el tema al centro de la agenda política. Los primeros refugios abrieron en 1996 (hace menos de 30 años), y 8 centros más comenzaron actividades entre 1996 y 1999, número que se triplicó entre 2000 y 2004. Para el periodo de 2005-2009, ya se encontraban funcionando la mayor cantidad de refugios (31) (InMujeres, 2016). En 2015, el Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) reportó que 83 refugios estaban operando en todo país.
En términos de regulación interna, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) colabora con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) en el diseño y evaluación de un modelo de atención a víctimas en los refugios. Adicionalmente, se encargan de establecer lineamientos respecto a la homologación de las condiciones básicas con que debe funcionar un refugio, estandarizar los servicios y la atención, y establecer criterios para su operación (InMujeres, 2016).
Fuente: InMujeres (2016, p.5).
Los refugios cuentan con varias fuentes de apoyo financiero. Sin embargo, el Estado es el primer contribuyente y fuente principal de sobrevivencia al cubrir gastos de 75% de los 83 centros en el país. Cabe mencionar que 50.6% también recibe donaciones particulares, y 8.4% realizan colectas o rifas para obtener recursos (ver gráfica 2) (InMujeres, 2016).
Fuente: InMujeres (2016, p.6).
Violencia Doméstica en México durante la cuarentena por COVID-19
Frente al anuncio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, diversas organizaciones civiles declararon que se debían adoptar medidas para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia durante actual crisis sanitaria, también demandaron asegurar que las políticas orientadas a combatir la violencia de género no se descuidaran como resultado del reajuste de prioridades. Particularmente, Amnistía Internacional, la Red Nacional de Refugios y Equis Justicia para las Mujeres destacaron la necesidad de: i) asegurar el otorgamiento de recursos a los refugios, ii) garantizar el funcionamiento de los centros de justicia, y iii) garantizar el acceso a la justicia a este sector de la población (Ortíz, 2020). No obstante, la mitad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM o Cejum) ha reducido los servicios que presta, en varios casos, porque los poderes judiciales estatales suspendieron labores (Arteta, 2020).
Asimismo, es claro que la violencia, o al menos la necesidad de reportarla, ha ido en grave aumento. Previo a la implementación de las medidas de distanciamiento social, se registraron 21,727 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres (Galván, 2020), y sólo tres semanas después del inicio de la jornada nacional las autoridades federales estimaban que la violencia contra las mujeres habia aumentado entre 30% y 100% (Ortiz-b, 2020) una tendencia que resulta alarmante.
En este contexto, la violencia doméstica ha demostrado ser una de las problemáticas más preocupantes. Casi dos meses después de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México, la Red de Refugios observó un incremento de 5% en los ingresos de mujeres y 60% en los casos de asesoramiento vía telefónica, redes sociales y correo electrónico. Además, los centros integrados RNR se encuentran ya al 80% o 110% de su capacidad, especialmente en entidades como Guanajuato, Estado de México y Chiapas (Castellanos, 2020).
La perspectiva de género dentro de la estrategia nacional de combate al COVID-19
La cifras anteriores reflejan la importancia de adoptar una perspectiva de género dentro de la estrategia política de combate al COVID-19, especialmente si se toma en cuenta que, según cifras oficiales, dos tercios de la población femenina de más de 15 años pasará el confinamiento a lado de una pareja violenta (De la Peña, 2020).
Expertos han señalado que la epidemia por COVID y las medidas de distanciamiento social adoptadas afectarán de forma desigual a mujeres y hombres, las primeras siendo principal sector de la población que está empleada en industrias con escasa protección social, bajos salarios, largas horas de jornada laboral y pocos beneficios sociales, también se encuentran en la primera línea de exposición al contagio al conformar gran parte del personal de salud.
ONU Mujeres ha emitido recomendaciones específicas para las autoridades, cuyo objetivo es que colocar las necesidades y el liderazgo de las mujeres en el centro de las respuestas efectivas contra el COVID-19. (UNWomen, 2020). En esta etapa de la pandemia, la ONU sugiere que las autoridades gubernamentales orienten a compañías y centros de trabajos para:
- Concientizar sobre el incremento en la carga de trabajo del personal femenino respecto a tareas de cuidado adicional contra COVID-19.
- A tomar en cuenta el riesgo que representa para sus empleados los desplazamientos hacia sus lugares de trabajo, así como asegurar sus salarios durante la cuarentena.
- Proteger a las trabajadoras de las empresas manufactureras (maquiladoras) económicamente y a través de medidas de protección en el trabajo, ya que las mujeres conforman gran parte de esta fuerza laboral.
- Procurar estrategias de protección a aquellos afectados por la división sexual del trabajo, en áreas como educación, trabajo social, las cuales están mayoritariamente conformado por mujeres.
- Prestar especial atención a las mujeres de edad avanzada que viven solas (UNWomen, 2020).
Es un hecho que en la medida que la estrategia del gobierno mexicano para el combate al COVID-19 incorpore una perspectiva de género, y las regulaciones sean (o no) implementadas, afectará la vida de millones de mujeres y niñas e, indudablemente, generará efectos también largo plazo (Cimac, 2020).
Iniciativas: “No estás sola, seguimos contigo” y #ContingenciaSinViolencia
El gobierno mexicano presentó el 7 de abril el programa “No estás sola, seguimos contigo”, en coordinación con el Consejo Ciudadano y la Secretaría de las Mujeres con el fin de atender las denuncias por violencia doméstica durante el periodo de cuarentena (Almazán, 2020). El programa consiste en diversas acciones que buscan facilitar el reporte de casos de violencia a través del número 55 5533-5533, así como brindar apoyo a las víctimas. Otras acciones consisten en:
- Chat de confianza, en el cual se puede compartir video, fotos y texto de manera discreta,
- Asistencia vía videoconferencia,
- Canalización a los centros Lunas, para casos de medio y alto riesgo, así como a las 24 agencias con el servicio de abogadas mujeres, y
- Colaboración con la Línea Mujeres a través del 5658-1111, la cual dará acompañamiento ciudadano, además de que cuenta con 89 psicólogos y 130 abogados (Almazán, 2020).
Adicionalmente, el gobierno federal y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) crearon un directorio para difundir los centros de justicia y atención a mujeres a nivel nacional.
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (2020).
El hashtag #ContigenciaSinViolencia comenzó a dominar la redes sociales, paralelamente al movimiento en línea, el gobierno del Estado de México lanzó una campaña con el mismo nombre, lo que representa un hecho significativo dado que dicha entidad concentra el mayor número de casos de violencia de género en todo el país (Velasco, 2020) (Fuentes, 2019).
Fuente: Justicia y Derechos Humanos (2020).
Las necesidades de los refugios durante el periodo de cuarentena
Un elemento fundamental para hacer frente a la contingencia desde una perspectiva de género es sin duda, el óptimo funcionamiento de la red de refugios. Hasta este momento (Abril 2020), la Red Nacional de Refugios (RNR) carece de presupuesto y espacio para operar, lo que significa que enfrentan una doble contingencia. Ante esta situación, miembros de la sociedad civil y periodistas han exigido acortar el periodo usual de 30 días para la asignación de recursos a dichos centros (Aristegui, 2020).
“Los derechos no se consultan, no se negocian, se ejercen” señala Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios. Diversas organizaciones han declarado que el retraso en la asignación de recursos financieros compromete la operatividad de los refugios y viola el derecho de las mujeres a la seguridad. Consecuentemente, se ha llamado al gobierno federal, a proveer los fondos necesarios, así como a establecer y monitorear mecanismos que garanticen el flujo permanente de recursos a los centros con el fin de que puedan trabajar durante todo el año sin ningún tipo de impedimento. Figueroa también expresó que si el periodo de contingencia se extiende hasta Mayo (lo que ya ocurrió), la red de refugios tendría que operar durante todo el periodo de contingencia sin recursos (Aristegui, 2020).
Frente a este panorama, es preciso reconocer que México enfrenta una doble contingencia que consiste en una crisis por violencia de género y por la expansión del COVID-19, y que ambas requieren el mismo nivel de atención. Hasta el 21 de abril, 100 mujeres han muerto por coronavirus desde que éste entró a México el 28 de febrero, mientras que en el mismo periodo 367 mujeres han sido asesinadas (Global Health 5050, 2020; Castellanos, 2020)
El rol de los datos
Hoy más que nunca, el análisis de datos es necesario para contener la epidemia e identificar la población en mayor riesgo. Investigadores y programadores en todo el mundo trabajan sin descanso, analizando grandes cantidades de datos con el fin desarrollar una mejor comprensión de esta enfermedad. En este sentido los datos móviles, por ejemplo, han demostrado enorme potencial para predecir la expansión espacial del cólera durante la epidemia en Haití de 2010, mientras que el análisis de Big data mostró alta efectividad durante la crisis de Ébola en África occidental durante 2014-2016 (Lenca and Vayena, 2020).
En este sentido, algunas organizaciones de renombre (Amazon web services, Google Cloud, etc.) lanzaron proyectos orientados a reducir el impacto de la pandemia, mientras que otras ofrecieron recientemente libre acceso a bases de datos y a herramientas de análisis a investigadores y científicos con el objetivo de desarrollar lo antes posible una solución a los desafíos presentados por el COVID-19 (Kent, 2020). Sin embargo, aún hay mucho por hacer y es esencial incluir una perspectiva de género a los proyectos de análisis de datos, especialmente en vista de la intensificación de la brecha de género como consecuencia de la crisis.
Hace unos días ONU Mujeres presentó una serie de recomendaciones que colocan las necesidades y el liderazgo de las mujeres en el centro de la implementación de medidas efectivas de respuesta al COVID-19. Una de estas recomendaciones consiste en asegurar la disponibilidad de datos desagregados por género, incluyendo las tasas de infección diferenciadas, el impacto económico diferenciado, el reparto desigual de las tareas de cuidados, así como la incidencia de violencia doméstica y sexual (UN Women, 2020). De esta forma, los datos se convierten en un aliado importante para la contención del COVID-19, ya que visibiliza los diferentes efectos que la pandemia impone de forma desigual a hombres y mujeres.
Otra fuente muy valiosa de información durante esta pandemia son los datos extraídos de las redes sociales, los cuales podrían brindar nuevos aportes sobre la forma en cómo las personas están lidiando con el confinamiento y el estrés derivados de la pandemia, y cómo está afectando de forma desproporcionada a hombres y mujeres de todas las edades, generando efectos adversos. Aplicaciones más avanzadas podrían consistir en correlaciones los factores ambientales o genéticos de los pacientes que presentan problemas respiratorios avanzados (Kent, 2020).
Conclusiones y recomendaciones
Es evidente que además de los desafíos inmediatos presentados por la pandemia de COVID-19 en México, se suman los efectos de otra pandemia que lamentablemente perdura en el país: la violencia de género, específicamente la violencia doméstica. Hasta el momento la violencia de género ha cobrado más víctimas que el número de mujeres que han fallecido por COVID-19 en México (desde el 28 de Febrero, fecha en que se registró el primer caso de COVID-19, hasta el 21 de Abril). El confinamiento prolongado por COVID-19 exacerbará las desigualdades de género e incrementará la violencia en contra de las mujeres. Por ello, las autoridades gubernamentales deben reforzar todos los mecanismos para atender esta problemática a nivel nacional y municipal, que incluyan desde operación continua de las instituciones de impartición de justicia hasta la financiación adecuada de los refugios para mujeres víctimas de abuso.
La normalización de la violencia contra las mujeres, así como de otras desigualdades basadas en género, es lamentablemente un fenómeno persistente. Si deseamos visibilizar está problemática en el marco una pandemia –cuya escala y alcances no tienen precedentes en la historia reciente- es esencial tomar medidas óptimas y estratégicas de inmediato. Para ello, emitimos las siguientes recomendaciones:
- Que los centros de atención a víctimas, así como los números de emergencia, garanticen su operación continua y respuesta rápida y efectiva para mujeres que sufren de violencia doméstica. Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, ha sugerido que la línea de 911 debe estar directamente vinculada y contar con geolocalización, con el fin de que en el momento en el que una persona denuncia una situación de violencia, las autoridades puedan acceder a la ubicación exacta, evitando que se pierda tiempo en los procesos de respuesta.
- Es necesario transitar de un modelo homologado de atención que se centre en la protección y seguridad de quienes están riesgo, a fin de evitar a toda costa replicar lo que conocemos como la “ruta de la (in)justicia”, en la cual las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores recorren en promedio 5 instituciones antes de encontrar los servicios integrales (Pérez, 2020).
- Los recursos deben destinarse de forma adecuada a las mujeres en riesgo: mujeres indígenas, mujeres mayores que viven solas, madres solteras, mujeres con enfermedades que las incapacitan laboralmente, mujeres con bajos ingresos y sin seguro médico, etc., que son las más vulnerables en esta doble contingencia (Galván, 2020).
- El personal de salud debe contar con el equipo necesario para llevar a cabo su labor, sin que ello represente un riesgo a su salud o a la de sus familia.
- Contar con datos desagregados por género representaría un elemento invaluable para la correcta focalización de programas de asistencia económica, social y de salud destinados a combatir la crisis generada por COVID-19. De igual forma, la alianza y cooperación con instituciones gubernamentales, impulsaría el trabajo de cientos de científicos y asociaciones que trabajan todos los días desde diversas partes del mundo en el combate a la pandemia de COVID-19.
La pandemia por el coronavirus ha supuesto, expuesto y exacerbado los retos y vulnerabilidades de los países y comunidades ubicados en el Sur Global, lo cual sin duda tendrá repercusiones a largo plazo. Responder a la variedad de impactos e implicaciones de esta crisis requiere un análisis agudo y acciones audaces. Conoce más sobre nuestra contribución para dar respuesta a esta problemática aquí.
Referencias
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